Ministra Cubillos respondió acusación constitucional y alegó su admisibilidad

Mineduc informó vía comunicado que con fecha 23 de Septiembre, a las 23:00 hrs, dos días antes que se venciera el plazo legal para hacerlo, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, asistida por su abogado Francisco Cox, dio respuesta a la Acusación presentada en su contra. Desde esta fecha corren los 6 días que tiene la Comisión para emitir su Informe.
Fotografía: Mineduc.

CUESTION PREVIA DE ADMISIBILIDAD

La respuesta de la Ministra Cubillos parte alegando la cuestión previa de admisibilidad a fin de que se tenga la “acusación por no presentada para todos los efectos legales, atendido que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución”.

La petición señalada se apoya en que “(i) La Acusación no respeta el carácter de ultima ratio que debe tener por su envergadura, toda Acusación Constitucional; (ii) no se verifican las causales establecidas en la Constitución para que proceda la Acusación Constitucional; (iii) la Acusación contiene imputaciones por hechos que no son responsabilidad de esta Ministra de Estado, sino que, se le atribuye responsabilidad por hechos de terceros; y (iv) no se cumple con los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un procedimiento racional y justo.”

La Contestación señala que “se demostrará que esta Ministra de Estado ha actuado siempre en cabal cumplimiento de la ley y la Constitución. Y ha sido leal y explícita en sus intentos por reformar aquellas leyes que el Gobierno al que pertenece desea perfeccionar o mejorar empleando para ello el legítimo debate democrático, como lo hace cualquier gobierno cuando hay alternancia en la coalición gobernante, enviando proyectos de ley para su discusión y tramitación en el Congreso. 

Del mismo modo, en otras leyes que este Gobierno heredó, como la que implementa un nuevo sistema de Educación Pública, esta Ministra de Estado ha dado cabal cumplimiento a las leyes que la regulan en todo aquello que cabe dentro de su ámbito de competencia y , no sólo eso, sino que ha procurado con celo que tenga éxito, fiscalizando la implementación de la primera etapa, que tuvieron a su cargo autoridades designadas a fines del Gobierno anterior, con auditorías cuyos hallazgos se encuentran hoy en el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público”.

La Contestación agrega que “Una acusación constitucional no puede descansar en meras generalidades, afirmaciones vagas, hechos que no constituyen ilegalidades...El libelo acusatorio no cumple con un requisito fundamental que es bastarse a sí mismo para que la persona a quien se acusa pueda defenderse en un Estado de Derecho, contrariando así gravemente el principio del debido proceso.” La Contestación señala, también, “que constituye una infracción al debido proceso cuando se ejercen funciones jurisdiccionales y en virtud del mismo se realiza un control político, pues ello va en contra de los principios de legalidad lo que es evidentemente contrario al debido proceso”.

En relación a las diferencias políticas el escrito señala que las críticas políticas que son totalmente legítimas, los acusadores las han recogido para sustentar la Acusación, lo que no está permitido por nuestra Constitución, pues su procedencia requiere de la verificación de cuestiones jurídicas...Tanto de las declaraciones de los y las acusadores/as como del tenor de la Acusación se desprende que se han invocado causales constitucionales que no se verifican de modo alguno, sino que, muy por el contrario, se basan en meras diferencias de orden político”.

Y se agrega: “Tales diferencias que fomenta nuestra democracia, en nuestro Estado de Derecho, no son suficientes para interponer una acusación constitucional...Los lugares para expresar dichas diferencias son el Congreso, los medios de comunicación, la calle, las elecciones, pero de ninguna forma una acusación constitucional”.

Y termina señalando que “aceptar a trámite esta Acusación, daría a la legítima crítica política la capacidad de destituir e inhabilitar políticamente a un ministro de Estado, desvirtuando así el sentido que el constituyente, nuestra tradición republicana y la doctrina le han atribuido a esta institución”.

RAZONES PARA RECHAZAR CAPITULOS DE LA ACUSACIÓN.

En subsidio, y sólo para el evento que la cuestión previa no fuera acogida, la Ministra de Educación da respuesta pormenorizada, en el escrito, a los cinco capítulos de la acusación desvirtuando todas y cada una de las imputaciones que se le formulan.

I.- En el primer capítulo la Acusación señala que la Ministra habría supuestamente infringido el principio de probidad por declaraciones emitidas en el contexto del sistema de admisión escolar, concretamente en relación a posibilidad de realizar entrevistas.

La Contestación afirma categóricamente que esta “Ministra de Estado no ha faltado a la verdad”. Y señala, que “en relación a las entrevistas, ellas se permiten en dos momentos distintos. En primer lugar, se permiten las entrevistas en la etapa de postulación, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 7 bis de la Ley N° 20.845. Durante la etapa de postulación, los padres o apoderados pueden solicitar voluntariamente una entrevista a los establecimientos, la que solo puede tener una finalidad informativa y de conocimiento del proyecto educativo. Como es evidente, esta solicitud de entrevistas, establecida por la Ley N° 20.845, es anterior a la derivación que realiza el SAE. El segundo momento en que se permiten las entrevistas se da una vez finalizado el proceso. Esto es, ya matriculado el alumno en un establecimiento educacional. Así lo dispone el nuevo artículo 7 quáter del DFL N°2:

“Los establecimientos educacionales siempre podrán implementar entrevistas con los padres y apoderados de los estudiantes ya matriculados, con la finalidad de entregar operatividad real a la adhesión y compromiso con el proyecto educativo prescrito en el inciso sexto del artículo 7o bis

Y agrega la Contestación que esto es exactamente lo que indicó esta Ministra de Estado en un intercambio de tweets como se puede observar en la transcripción íntegra y textual que esta Contestación ha realizado ante la flagrante violación al debido proceso en que han incurrido los y las acusadores/as al citar parcial y arbitrariamente las declaraciones

En este mismo Capítulo la Contestación señala que “Pareciera ser que los y las acusadoras/as quieren inhibir el debate. De prosperar esta Acusación en el futuro cualquier Ministro o Ministra de Estado podrá considerar que no debe informar al público de aquello que los usuarios de un determinado sistema le están manifestando o dar su visión de una ley so riesgo de ser destituida y excluida del servicio público por 5 años. Tampoco podría criticar una ley vigente que aspira a reformar. Ello es justamente lo que la consagración del derecho a la libertad de expresión quiere evitar...”

La Contestación agrega que “...No sólo estamos en el contexto de declaraciones de prensa, tweets o debates políticos, sino que esta discusión se llevó institucionalmente al Congreso Nacional para modificar la ley y con sólo anunciar el proyecto de ley que repondría la posibilidad de entrevistas voluntarias durante todo el proceso, las críticas fueron explícitas por parte de la oposición ¿Acaso dicha resistencia fuerte se sustenta en que las entrevistas ya están permitidas?

II. En su Capítulo Segundo, el texto acusatorio señala que la Ministra de Educación habría incurrido en una infracción a la Constitución y a las leyes por supuestas infracciones al respeto y protección a la vida privada y datos personales por envío de correos con información sobre el proyecto “ Admisión Justa”.

La Contestación indica, entre otros, que “la alegada infracción ha sido expresamente descartada por los órganos competentes para pronunciarse al respecto: la CGR y el Consejo Para la Transparencia”.
El escrito critica, también, que la Acusación cite “parcialmente decisiones de órganos públicos”.

III.- En su Capítulo Tercero la Acusación imputa “no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia objeto de una adecuada implementación de la ley 21.040, infringiendo los deberes de actuación consagrados en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, especialmente en materia de eficiencia, eficacia y asimismo coordinación”.

En relación a este Capítulo la Contestación señala textual que “se observará que los y las acusadores/as pasan por alto la división de roles y funciones legales dentro del Ministerio de Educación. Es así, como, por ejemplo, no se hace ni la más mínima referencia a que la Ministra de Educación dejó de ser la jefa del servicio desde el año 2011, entre otras cegueras voluntarias que contiene el libelo acusatorio”.

También destacan “que este capítulo no puede prosperar ya que, en primer lugar, no existe la supuesta demora o inejecución en la implementación de la Ley N° 21.040...En segundo lugar, las imputaciones formuladas en este Capítulo descansan en hechos falsos...En tercer lugar, los y las acusadores/as interpretan antojadizamente el principio de jerarquía y control jerárquico...”

En relación a las imputaciones que se hacen en la Acusación sobre los cargos ocupados por subrogantes, el escrito de Contestación señala: “Distintos reproches dirigidos por los y las acusadores/as tienen en común el que cuestionan la figura legal de subrogación, intentando transformarla en causal de una acusación constitucional. Sin embargo, se trata de una institución plenamente justificada y explícitamente reconocida en la ley, con una existencia muy anterior al nombramiento de esta Ministra de Estado en el cargo. Más aún, la subrogación tiene por finalidad, precisamente, darle continuidad y regularidad a las funciones públicas que desarrollan los servicios públicos, en el entendido de que la satisfacción de necesidades públicas en forma permanente es el objeto primario de la Administración del Estado...”

“...Por lo mismo, no se entiende cómo podría imputarse a esta Ministra de Estado el que haya operado el mecanismo que la ley previó expresamente para los casos en que falta el titular y que, por lo demás, opera de forma automática, por el solo ministerio de la ley....La Acusación Constitucional supone una intencionalidad sin aportar ni un atisbo de evidencia de su existencia”.

El escrito también se hace cargo de las imputaciones contenidas en la Acusación por haber declarado desierto el concurso de Director de Educación Pública. Es así que señala que “el concurso del Sistema ADP al que se refieren los y las acusadores/as fue declarado desierto por aplicación de las normas legales vigentes, sin que eso importe infracción o inejecución, y menos por esta Ministra de Estado, considerando que dicha atribución legal recae en el Presidente de la República. Tal resolución puede, por buenas o malas razones,

no parecerles a los y las acusadores/as, pero no constituye infracción constitucional o legal alguna, bajo ningún punto de vista”.

En relación a los nombramientos de directores de los Servicios Locales de Educación, la Acusación Constitucional señala, especificamente en el caso de Barrancas, que “pudiendo prorrogar el mandato de Marcelo Segura, se optó por realizar cuatro cambios posteriores lo cual afecta la capacidad de tomar decisiones que son fundamentales para su instalación, sobre todo desde el punto de vista administrativo.”

Al respecto, la Contestación ingresada anoche, junto con describir detalladamente cuales son y cuales no son atribuciones de la Ministra, hace mención a las auditorías realizadas y señala textual: “...con las irregularidades detectadas, haber realizado una prórroga hubiese sido contrario al principio de eficiencia y eficacia....Todo indica que los y las acusadores/as tenían la aspiración de que el Director Ejecutivo hubiese continuado en funciones. Así esta sería la primera Acusación constitucional interpuesta para mantener a una persona con nombre y apellido en su puesto de trabajo”.

IV.- En Capítulo Cuarto se acusa a la Ministra haber dejado sin ejecución el presupuesto de los Servicios Locales de Educación, de los Centros de Formación Técnica y de los educadores tradicionales.

En el escrito de Contestación se señala que “la pretensión de los y las acusadores/as de establecer ellos y ellas el mes en que deben ejecutarse los gastos de determinadas partidas presupuestarias son una manifestación más de la verdadera naturaleza de la disputa que motiva esta Acusación. A saber, una diferencia, radical, acerca de la forma en que se debe conducir el Ministerio de Educación, pero eso jamás puede justificar que prospere una acusación constitucional que lleva aparejado no solo la destitución de la Ministra de Estado sino que su eliminación del espacio político. Los adversarios políticos se derrotan, no se proscriben forzando las instituciones”.

Haciéndose cargo de la imputación de subejecución, la Contestación agrega “que se incurre además en un error de hecho, por cuanto el presupuesto del Ministerio de Educación asignado por la Ley de Presupuestos 2019 se encuentra ejecutado de acuerdo a lo previsto a esta fecha, sin que en ningún caso sea posible observar diferencias con respecto a Administraciones anteriores que puedan servir de fundamento para imputar conductas omisivas...En efecto, al día de hoy los presupuestos correspondientes a los SLE, al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, al Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública, a los CFT y los pagos realizados a los educadores tradicionales se han ejecutado y efectuado dentro del marco de la legalidad y del cronograma esperado de acuerdo a las particularidades de cada Partida y Asignación presupuestarias”


En el escrito de Contestación se señala textual: “Especialmente demostrativo de la ausencia de justificación jurídica de esta Acusación es la selección caprichosa y arbitraria de los meses que emplea para ver la ejecución presupuestaria. A veces se usa mayo, otras abril, otras junio y otras julio todas de 2019. ¿Cuál es el criterio normativo al que se está recurriendo para entregar esta información? ... No cabe más respuesta que al parecer para la Acusación los fundamentos jurídicos son irrelevantes”.

Agregan también, ¿qué rigor jurídico puede tener una acusación constitucional que señala que las leyes que se dejaron de cumplir son “otras normas de rango legal” sin indicar en la parte acusatoria con precisión cuáles son esas normas que se estarían dejando sin ejecución? La acusación constitucional es uno de los más severos remedios contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, y dicha gravedad demanda que su empleo se haga con seriedad y con respeto al derecho. Una referencia genérica e indeterminada de forma alguna cumple con la exigencia que pesa sobre todo ente persecutor que busca sancionar una conducta que supuestamente viola una ley”.

V.- En su Capítulo Quinto se le imputa al Ministerio de Educación y a esta Ministra de Estado el haber incurrido en una supuesta discriminación arbitraria al no permitir a los docentes de educación diferencial acceder a la “Bonificación de Reconocimiento Profesional” consagrada en la Ley No 20.158.

La Contestación señala, entre otros argumentos, que “lo único que ha hecho esta Ministra de Estado es lo que le corresponde en su rol de titular del Ministerio de Educación: someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, ciñéndose a lo dictaminado en la Ley N° 20.158, a los DS 259 y DS 260, y a los dictámenes de la CGR, los cuales tienen fuerza obligatoria para los Ministros. No correspondiéndole -como se ha señalado con toda liviandad en la Acusación- “rectificar” una supuesta “errónea interpretación administrativa” 

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