El documento es solo una recomendación al Estado Chileno y no constituye una obligación.
En manos de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, fue entregado el informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), sobre la situación actual de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), también conocida como "Ley Longueira" y que ha generado fuertes críticas y manifestaciones en su contra por parte de los pescadores artesanales.
El documento fue solicitado el 13 de mayo del 2015 a través de la firma de un memorándum de entendimiento entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y la FAO. Tras la audiencia, donde Eve Crowley hizo entrega de las 131 páginas, la mandataria instruyó al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, y al subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, para que se reúnan con los distintos actores vinculados a la actividad pesquera y acuícola. El objetivo es dar a conocer, analizar y discutir el contenido del mencionado informe.
El informe entregado a la Gobernante por Eve Crowley, representante del organismo en Chile, y Alejandro Flores, oficial de pesca de la FAO para América Latina y el Caribe, contempló para su elaboración un trabajo multidisciplinario y la participación de representantes de los sectores industrial, artesanal, académico, organizaciones no gubernamentales y pueblos originarios.
Principales conclusiones y recomendaciones
"Uno de los grandes avances de la LGPA es la importancia que la misma otorga al "uso sustentable" de los recursos pesqueros y, por ende, al reconocimiento de la necesidad de ordenar las pesquerías de forma tal que las generaciones futuras puedan beneficiarse de las mismas, es decir, aplicando el principio de la equidad inter-generacional", dice el informe.
Si bien la inclusión del concepto de "uso sustentable" constituye un gran avance en la ordenación de las pesquerías, sería recomendable, dice la FAO "que visto que el mismo art. 2 nº 61 de la LGPA indica la necesidad de 10 incorporar la perspectiva internacional, que en su aplicación a largo plazo se avance en la incorporación de elementos que contribuyan no solo a la sostenibilidad de los recursos, sino también a la del medio ambiente, la económica y la social".
Además se recomienda que de manera progresiva, el concepto de "Enfoque Ecosistémico de la Pesca" (EEP), que se incluye en la LGPA, "sea ampliado para incluir los demás componentes bióticos y la dimensión humana del ecosistema; así como sus interacciones, aplicando un enfoque integrado de las pesquerías dentro de los límites ecológicamente significativos", acota el texto.
En cuanto a la gobernanza responsable, la LGPA establece en su articulado algunos de sus principios. En particular, se hacen explícitos los conceptos de transparencia, responsabilidad, inclusividad y participación en la administración de los recursos pesqueros, los que son desarrollados además en normas de carácter complementario. En esa línea, se considera oportuno continuar el trabajo con los actores sectoriales para desarrollar mecanismos que aumenten su participación y con ello la transparencia en las decisiones, en el cumplimiento también de la Ley N° 20.285 sobre Transparencia en la función pública y acceso a la información pública y la Ley Nº 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
Se recomienda que la LGPA incluya, dentro de sus principios rectores, expresamente a la seguridad alimentaria. Se sugiere, entre otras cosas, "fomentar la realización de estudios y establecer planes de contingencia para hacer frente a las posibles situaciones que podrían ocasionarse como resultado del cambio climático; aumentar la preparación y flexibilidad en la toma de decisiones por parte de la administración con respecto a este tipo de eventos y difundir información sobre el cambio climático y sus consecuencias a los distintos actores del sector".
De acuerdo a los instrumentos internacionales pertinentes no existe un sistema único de acceso a las pesquerías ni de asignación de los recursos que pueda aplicarse en forma universal para todos los casos. La FAO considera que la forma de acceder y asignar los derechos debe adecuarse a las condiciones y circunstancias locales, procurando la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la aplicación del enfoque de pesca basada en derechos. "Se recomienda reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluido su manejo y conservación, así como fomentar su participación en el ámbito pesquero, sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios", dice el documento.
Se propone distinguir los tipos de pesca artesanal en función de la naturaleza del esfuerzo pesquero realizado y ofrecer marcos normativos diferenciados, garantizando el acceso equitativo a los recursos en función de la capacidad tecnológica de cada categoría. Por ejemplo, entre pesca artesanal de pequeña escala y pesca artesanal de mediana escala y para fines comerciales. Esta reclasificación debería hacerse con el concurso de los diversos actores sectoriales involucrados.
Se recomienda elaborar una política pesquera nacional que, a partir de una visión consensuada entre usuarios y gobierno, establezca formalmente los objetivos y las prioridades que debe tener la administración pesquera. Esta servirá para coordinar y dirigir los esfuerzos de los distintos actores involucrados hacia una meta que debe estar en concordancia con las metas del país y en sintonía con los principios de la Agenda 2030 que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El informe plantea que "el concepto de enfoque ecosistémico incluido en la LGPA no coincide con la definición derivada de los instrumentos internacionales". Agrega que "la LGPA limita el concepto a la interrelación de las especies pesqueras predominantes que se encuentran en un área, sin aplicar un enfoque integrado al análisis y manejo de las pesquerías tal y como se requiere en las Orientaciones Técnicas sobre Pesca Responsable".Iniciativas en paralelo
Sobre la cuestionada normativa, en enero de esta año se declaró admisible el proyecto de ley de 18 puntos presentado por 10 parlamentarios, liderados por Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de 300.000 firmas, pretende anular el texto legal conocido como Ley "Angelini-Longueira" de privatización pesquera.
En su numeral 3 plantea que "gran parte de las capturas chilenas, son reducidas a harina de pescado o aceite. En un segundo orden, la captura es destinada a congelados y refrigerados que posteriormente son exportados y, finalmente, sólo una mínima parte es destinada al consumo humano directo en nuestro país (Fuentes, 2015)". En ese sentido agrega que "el interés de los grandes grupos económicos y el oligopolio de la industria, crean la paradoja de que nuestro país está dentro del "top ten" pesquero, pero nuestra población es privada de consumir una de las mejores proteínas del mundo, la que es utilizada para alimentar pollos, cerdos o salmones, entre otros".
En tanto, en el artículo 13 sostiene que "la ley de pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad". El proyecto ingresó el 6 de enero, luego el 19 de enero se dio cuenta del proyecto, se declaró admisible y pasó a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, último tramite que registra.
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